Coordenadas Mundiales

Pareciera que el arte y la cultura africanas solo hacen parte de la historia. De hecho, como latinoamericanos, más específicamente, como caribeños, conocemos y disfrutamos la influencia de la música y el baile africanos en nuestra propia cultura desde hace varios siglos. Sin embargo, la cultura –y el arte como una de sus expresiones- no son estáticos, es decir, no se han quedado “congelados” en un momento histórico dado. Por el contrario, la cultura evoluciona, cambia, se mezcla y se transforma continuamente. Y el arte muchas veces no solo refleja y atestigua esta evolución, sino que la impulsa. Aunque son muy escasas las muestras de arte africano contemporáneo que llegan a América Latina, las recibimos esporádicamente, especialmente a través de festivales de música, cine y artes plásticas o de ferias literarias. La producción artística africana no solo es muy dinámica, sino prolífica, habida cuenta de la cantidad y diversidad de los habitantes de ese continente. Para hacer un pequeño recorrido por el vasto territorio artístico africano, nos acompañan: -Desde Bogotá: Jerónimo Delgado y Alejandro Bohórquez, de la universidad Externado de Colombia -Desde Lisboa: Salym Fayad, colombiano, empresario artístico radicado en Sudáfrica.

El ascenso de China como potencia parece imparable. Desde hace casi tres decenios, ese país despegó económicamente hasta ser hoy en día la segunda o primera (según se mida) economía mundial. Su importancia económica se ha visto reflejada en el peso creciente que tiene en la política. La combinación de herramientas de influencia "blandas" —como la cultura y la cooperación económica o la oferta de crédito—, y duras —una capacidad militar cada vez mayor— permiten ver desde ya que China está en camino de convertirse en una superpotencia mundial. Estados Unidos, por su parte, ha sido la potencia global indiscutiblemente dominante desde hace tres decenios, cuando desapareció su único rival como superpotencia —la Unión Soviética—. Su economía, su poder militar y su influencia cultural y política son mucho mayores, de lejos, que los de cualquier otro país en el mundo. La historia nos ofrece ejemplos diversos de lo que sucede cuando una potencia emergente empieza a acercarse a las capacidades de la potencia establecida. La guerra es una posibilidad de la que abundan ejemplos. Desde la competencia en el Mediterráneo occidental entre Cartago y Roma, que desembocó en las guerras púnicas desde 265 a. de C., hasta la II Guerra Mundial, en la que una Alemania y un Japón ascendentes en Europa y el Pacífico, respectivamente, desafiaron a las potencias europeas y a Estados Unidos. Pero también encontramos en la historia casos en los que la transición del poder ha sido pacífica, como sucedió entre el siglo XIX y el XX con Inglaterra y Estados Unidos por el dominio del llamado "hemisferio occidental". Además, hemos visto en los últimos años cambios internos en la política de China y Estados Unidos. El nacionalismo ha venido ganando espacio en estos dos países. De nuevo, la historia nos ofrece ejemplos numerosos y trágicos de lo que puede suceder cuando esta visión extrema se convierte en la guía de la política exterior. Para analizar las relaciones entre estas dos potencias, sus cambios recientes y la probabilidad de que el conflicto actual escale hasta convertirse en una guerra, nos acompañan dos profesores de la Universidad Externado de Colombia: • David Castrillón, especialista en China. • Javier Garay, especialista en Estados Unidos.

El 7 de octubre de 1821 fue creada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien la misión de la Cancillería ha sido administrar las relaciones de nuestro país con el resto del mundo, en sus 200 años de existencia, este ha sido uno de los ministerios que más ha contribuido a la construcción de nación. De hecho, esa era una de las funciones específicas que le reconocía Pedro Gual, el primer canciller de una Colombia que en ese entonces comprendía lo que hoy son Colombia, Ecuador y Venezuela. Además de la consolidación de la naciente nación, la Cancillería tuvo como objetivos el reconocimiento de internacional de la nueva república y la delimitación de sus fronteras. Curiosamente, dos siglos después, la delimitación de nuestras fronteras sigue siendo una de las funciones principales del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo hemos visto en las últimas semanas en el litigio entre nuestro país y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. A lo largo de estos dos siglos, la Cancillería ha tenido a su cargo la política exterior de Colombia, que en buena medida está definida por las prioridades internas del gobierno de turno. A pesar de los llamados que se han hecho una y otra vez desde la academia y desde otros sectores, no se ha logrado consolidar una política que sea verdaderamente de Estado. Por el contrario, hemos sido testigos en los últimos años de los vaivenes de nuestra política exterior en función de las identidades ideológicas de los gobiernos de nuestro país y de los otros países de la región. Otro de los puntos que aparecen reiteradamente en las discusiones sobre nuestro ministerio de relaciones exteriores es la profesionalización de su personal, específicamente del espacio que tienen en él quienes pertenecen a la carrera diplomática. Aunque se han logrado avances significativos en este aspecto, una parte importante de quienes ocupan los cargos diplomáticos de nuestro país no provienen de dicha carrera, sino que son nombrados por ser cercanos, muchas veces parientes, de los políticos que hacen parte o que apoyan al gobierno. En el pasado cercano, hemos visto incluso a miembros de la farándula ser nombrados embajadores y cónsules. Para analizar la evolución que ha tenido la Cancillería colombiana en estos dos siglos de historia, su situación actual y la manera como debe ajustarse para adaptarse a los cambios que se vislumbran en el futuro, nos acompañan: • Martha Ardila, internacionalista, experta en política exterior colombiana • María Teresa Aya, profesora de relaciones internacionales y exdirectora de la Academia Diplomática • Diego Jaramillo, experto en historia de las relaciones internacionales • Andrés Molano, internacionalista, especialista en seguridad y defensa, y profesor de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática

“La ciencia llega para convertirse en una herramienta diplomática del país, que contribuye al fortalecimiento de las relaciones exteriores, que ayuda a impulsar la agenda de política exterior del país y que aportará a la solución de problemáticas globales, regionales y locales” aseguró el ministro de Ciencia, Tito Crissien, en la celebración del Día de la Ciencia de este año.1 Si bien la diplomacia ha sido entendida tradicionalmente como las relaciones políticas entre Estados, desde hace ya varios decenios su significado se ha venido ampliando. A la política, se sumó la economía, especialmente los temas de comercio e inversión. Pero la ampliación también ha abierto la diplomacia a otros campos y, consecuentemente, a otros actores. Actualmente, la política exterior incluye la diplomacia cultural, deportiva y, por supuesto, la científica. Las misiones científicas o el intercambio de conocimiento entre equipos de investigadores científicos son dos de las actividades que hacen parte de este tipo de diplomacia. Si bien la ciencia no es una actividad que esté exclusivamente en la órbita del quehacer estatal, sí son las entidades públicas como la Cancillería y el Ministerio de Ciencia las que pueden servir de promotoras principales de la diplomacia científica. La academia, por su parte, también está llamada a servir de soporte del desarrollo de esta actividad, de manera que articule el trabajo de científicos y diplomáticos. Fenómenos como el calentamiento global y el control de las pandemias son solo dos ejemplos de la necesidad inaplazable de encontrar mecanismos efectivos que permitan a los científicos colaborar con sus colegas que se encuentren en otros países. Para analizar el desarrollo de la diplomacia científica en América Latina, nos acompañan: - Luisa Fernanda Echeverría King, Asesora del grupo de relaciones internacionales y cooperación de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - María Teresa Aya, coordinadora de la maestría en asuntos internacionales - Rafael Piñeros, coordinador del área de relaciones internacionales de los pregrados de FIGRI.

El pasado 9 de agosto, se conocieron las recomendaciones de la Misión de Internacionalización. un grupo de nueve economistas muy reconocidos, el cual estuvo dirigido por Ricardo Haussmann. La Misión se conformó bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República y fue propuesta y organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. Como invitados, participaron representantes del Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Andi, Analdex, la SAC y el Consejo Privado de Competitividad. El informe final de la Misión expone las medidas que se deben tomar para que la economía de nuestro país aproveche las oportunidades de comercio e inversión que le ofrecen los mercados mundiales. El objetivo concreto de las propuestas de la Misión es "cerrar la brecha tecnológica de país frente a los líderes mundiales a través de la internacionalización"*. Para su propuesta, la Misión toma como situación de partida la baja internacionalización de nuestro país. Según el informe, esto se evidencia en: • Los bajos niveles de migración de Colombia comparados con los de los otros países del continente; • Una baja participación del comercio exterior en el PIB, en la que se destaca que "Colombia exporta menos de la mitad de lo que debería exportar dado el tamaño de su economía y su población"; • La escasa participación del empleo generado por la inversión extranjera directa en nuestro mercado laboral; • La limitada participación de Colombia en las cadenas globales de valor; • El muy escaso número de patentes (medido por cada cien mil habitantes); La propuesta principal de la Misión es acelerar la adopción y adaptación de tecnología. Para ello, plantea cuatro líneas de acción: • Atraer migrantes extranjeros y miembros de la llamada "diáspora" —colombianos en el exterior—; • Promover la conexión de empresas con las tecnologías y mercados del mundo; • Facilitar el acceso al conocimiento incorporado a los bienes y servicios, y aprender comerciando, • Fortalecer el ecosistema que facilita la adopción y adaptación de las tecnologías. Para analizar las propuestas de la Misión de Internacionalización, nos acompañan tres docentes de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado: • Paula Ruiz • Javier Garay • Manuel Rayran

Decir que Brasil es el “gigante sudamericano” es un lugar común, pero justificado: es el país más poderoso militar, económica, territorial y demográficamente de nuestra región. Lamentablemente, durante este último año también se ha destacado por ser el país de América Latina con el mayor número de muertos por la COVID-19. De hecho, es el segundo del mundo, solo superado por Estados Unidos. Algunas personas culpan de esta tragedia al presidente Jair Bolsonaro, que ha tenido desde el inicio de la pandemia una actitud contraria a la precaución con la que la mayoría de los gobiernos del mundo han enfrentado esta enfermedad. De una parte, Bolsonaro ha despreciado públicamente la COVID-19 —“não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”, declaró en marzo de 2020— y a quienes pedían tomar medidas más estrictas para contener el contagio. Por otra parte, ha propuesto tratamientos médicos que no solo son inefectivos contra la enfermedad, sino que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes los siguen. El saldo de esta pandemia en Brasil es hasta ahora de más de 20 millones de personas contagiadas, de las cuales han fallecido 560.000. Esto, en un país con una población de poco más de 211 millones de habitantes. Antes de la pandemia, Brasil ya era uno de los países más violentos y con una de las situaciones de violación de los derechos humanos más preocupantes del mundo. Los dos fenómenos se derivan en parte de la acción de las organizaciones criminales que operan en las principales ciudades del país —como Río de Janeiro y Sao Paulo — y de las acciones de los agentes del Estado. Brasil tampoco se ha destacado en los últimos años por su estabilidad política. Luiz Inácio da Silva, más conocido como Lula da Silva, quien fue presidente durante dos cuatrienios consecutivos entre 2003 y 2010, resultó envuelto en varios escándalos de corrupción. Acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht, Lula recibió dos condenas por las que estuvo en la cárcel entre 2018 y 2021. En marzo de este año, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las dos sentencias. Esta decisión judicial no solo le devolvió a Lula su libertad, sino que lo habilitó para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Dilma Rouseff, copartidaria de Lula y su sucesora en el Palacio de Planalto —el palacio presidencial brasileño— no pudo terminar su segundo periodo de gobierno. En 2016, el Congreso la sometió a un juicio político por haber violado normas en la presentación de información fiscal. Como resultado de este juicio, Rouseff fue destituida y reemplazada por Michel Temer, quien ocupó la presidencia hasta 2018, año en el que le entregó el poder a Jair Bolsonaro. En medio de esta coyuntura en la que convergen la crisis sanitaria, de derechos humanos, económica y política, Brasil se prepara para elegir presidente en 2022. Para analizar la situación actual en Brasil, así como para aclarar su panorama político de cara a las elecciones del próximo año, nos acompañan desde ese país las profesoras Camila Braga Maceido y Marilia Souza Pimienta. Este es el cuarto y último episodio de la serie que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina.

En julio de 2021 se cumple el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, una de las organizaciones políticas más poderosas y más peculiares de la historia. Mucho ha pasado desde que, en julio de 1921, se reunió en Shanghái un grupo de estudiantes que, inspirados por la Revolución Rusa, decidieron fundar un partido de ideología de izquierda. Desde ese entonces, China ha sufrido varias transformaciones, la más reciente de las cuales la ha llevado a ser la segunda economía mundial y una potencia global emergente, que compite militar y políticamente con Estados Unidos. El Partido Comunista Chino es un ejemplo por antonomasia de lo que es un partido de Estado: los dirigentes del partido son a la vez dirigentes del país, las decisiones que toma el partido son las políticas que sigue el país y la ideología del partido no es solo la preponderante, sino la dominante en el Estado, la sociedad y la economía chinos. Desde afuera, el sistema político chino, dominado por el Partido Comunista, pareciera ser una dictadura en la que el disenso es inexistente. Sin embargo, esta organización política no es del todo monolítica y tiene mecanismos establecidos que le permiten canalizar las necesidades de la población y las diferentes opciones que se proponen para satisfacerlas. Por supuesto, la discusión de fondo ha sido, es y seguirá siendo por un buen tiempo si en China hay una democracia popular, funcional pero muy distinta a la liberal que predomina en Occidente, o si se trata de una dictadura que se niega a abrirse. Para analizar la historia del partido, su papel en la actualidad china y los desafíos que enfrenta, nos acompañan: • Lina Luna, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, experta en China. • Guillermo Puyana, académico y consultor, también experto en ese país.

El 21 de noviembre de 2019 se inició en Colombia el denominado “paro nacional”, una serie de manifestaciones en las que se mezclaron reclamos diversos de temas sociales, económicos y políticos. Lamentablemente, en el desarrollo de las protestas surgió la violencia. Por un lado, se dieron acciones vandálicas y, por otro, las autoridades reaccionaron de manera desmesurada. Las marchas, que se siguieron realizando hasta febrero de 2020, fueron interrumpidas en marzo de ese año por la llegada al país de la COVID-19 y las medidas que tomaron las autoridades para tratar de contenerla. Esos meses de protesta dejaron un saldo muy negativo: numerosos muertos y heridos, millonarias pérdidas materiales y casi ningún avance concreto en las negociaciones entre el Gobierno y los voceros de la protesta. Tras la pausa obligada por la COVID-19, las protestas se reiniciaron el 28 de abril de este año. Esta vez la chispa que reavivó la hoguera fue la presentación de una reforma tributaria por parte del Gobierno. La violencia volvió a opacar las protestas: regresaron la represión de las autoridades y el vandalismo. A estos, se sumaron los bloqueos en varias carreteras y vías urbanas. De nuevo, las negociaciones no han tenido ningún resultado concreto. Todo esto sucede en medio del inicio de las campañas electorales. En 2022 se realizarán las votaciones para elegir las personas que integrarán el Congreso y aquella que encabece el ejecutivo. Para analizar la situación actual de los derechos humanos y de la democracia en Colombia, así como para aclarar el panorama político de cara a las elecciones del próximo año, nos acompañan: • Magda Catalina Jiménez, quien trabaja en la línea de procesos políticos y electorales y es investigadora sobre movimientos sociales, participación política, accountability y movimientos sociales y política pública. • Jorge Iván Cuervo, experto en Políticas Públicas y en Instituciones Políticas colombianas, columnista del diario El Espectador, analista del portal digital Razón Pública y habitual comentarista del programa radial Hora 20. Este es el tercero de una serie de 4 episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina.

Desde diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, mucho ha cambiado en ese país vecino. La llamada “Revolución Bolivariana” ha transformado profundamente la economía, la política y la sociedad venezolana, y no precisamente para bien. De ser uno de los países más dinámicos económicamente en América Latina, Venezuela pasó a ser el ejemplo de lo que las políticas erradas pueden ocasionar en una economía: hiperinflación y decrecimiento sostenido. La contracción económica se ha reflejado en la demográfica: de ser un país que durante décadas atrajo migrantes europeos y latinoamericanos, pasó a ser un expulsor de sus propios habitantes, los cuales han migrado por millones en los últimos años. Al tiempo que iba obteniendo triunfos electorales, el chavismo iba ocupando cada vez más espacio en el Estado, hasta el punto de haber cooptado los poderes de la administración pública, incluido el electoral. El chavismo no solo se apropió del poder público, sino que fue quitándole espacio político a los actores que lo criticaron o que se le opusieron. La oposición venezolana se ha caracterizado desde el comienzo por una fragmentación profunda y por una desconexión con las mayorías electorales. Excepto por sus victorias en el referendo constitucional de 2007, en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015 y algunas alcaldías y gobernaciones, la oposición no ha logrado canalizar el enorme descontento popular con el Gobierno para convertirse en una opción viable de gobierno. Para analizar la situación de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela, así como para estimar el efecto que pueden tener las iniciativas de algunos actores internacionales en la apertura política y la realización este año de unas elecciones regionales libres en ese país, nos acompañan: • Marie-Eve Detoeuf, académica de relaciones internacionales, periodista y corresponsal extranjera, quien ha cubierto la realidad venezolana desde hace más de 20 años. • Ronal Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Este es el segundo de una serie de 4 episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina.

Hace casi exactamente 42 años, el 20 de julio de 1979, la revolución Sandinista triunfaba en Nicaragua, derrotando al dictador Anastasio Somoza. Un poco más de cuatro decenios después, la historia pareciera mostrar dolorosamente que, para instaurar una democracia real, hace falta mucho más que una revolución exitosa. Daniel Ortega, quien es uno de los miembros fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha gobernado ese país centroamericano en tres oportunidades. La primera, como Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua entre 1981 y 1984; la segunda como presidente, entre 1985 y 1990; y la tercera, nuevamente como presidente desde 2007 hasta la actualidad. A juzgar por sus acciones de los últimos años, Ortega cree que todo este tiempo en el poder no ha sido suficientes para consolidar su proyecto político. Desde hace tres años, su gobierno ha venido reprimiendo cualquier movimiento, partido, medio de comunicación o figura pública que pueda significar un desafío democrático al control que tiene en su país. La primera represión masiva ocurrió en abril de 2018, cuando un grupo de pensionados inició una serie de protestas públicas por la modificación al sistema de seguridad social que estaba impulsando el gobierno de Ortega. Desde el inicio de las protestas, los pensionados fueron apoyados por los estudiantes de varias universidades del país. Si bien la reforma a la seguridad social fue la causa inmediata de las protestas, en el fondo se trataba de una movilización en pro de una apertura democrática de la política nicaragüense. La respuesta del gobierno de Ortega fue brutal: se estima que hubo más de 300 personas muertas a causa de las acciones de la policía y de agrupaciones paramilitares apoyadas por el Gobierno. A partir de ese año la persecución política y la represión se han convertido en los recursos ordinarios con los que el Gobierno nicaragüense enfrenta la oposición. De hecho, durante este año, en el que se celebrarán las elecciones presidenciales y de diputados a la Asamblea Nacional de Nicaragua —el órgano legislativo del país—, el gobierno ha venido encarcelando a las figuras más prominentes de los partidos de oposición y de la prensa crítica del gobierno. Esta es una estrategia desvergonzada para eliminar cualquier contendiente que pueda tener una oportunidad real de ganar las elecciones. Para analizar la situación de los derechos humanos y de la democracia en Nicaragua, así como para estimar el efecto que pueden tener las acciones de algunos actores internacionales en la apertura política y la realización de unas elecciones libres en ese país, nos acompañan: • Carlos Salgar, académico de relaciones internacionales y diplomacia, quien fue embajador de Colombia en Managua entre 2015 y 2020. • Mónica Fonseca, quien ha sido directora de derechos humanos de la Cancillería, asesora del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, ministra consejera en la embajada colombiana en Roma y Consultora de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. • Desde Managua, Maynor Salazar, periodista de investigación en Divergentes. Este es el primero de una serie de 4 episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina.