El empadronamiento en España es un derecho vital, pero enfrenta serias dificultades. La reciente eliminación del empadronamiento sin domicilio fijo en Cataluña ha dejado desprotegidas a miles de personas, incluyendo a trabajadoras sexuales. Además, migrantes y personas vulnerables luchan contra la burocracia y el silencio administrativo. Muchos recurren al mercado negro para obtener un padrón, lo que plantea graves problemas de exclusión social y racismo. Las organizaciones sociales están en la primera línea ayudando a quienes más lo necesitan.
El empadronamiento es un derecho fundamental que permite acceder a servicios básicos, pero su obtención se complica para quienes viven en situaciones vulnerables.
Las restricciones en el empadronamiento colectivo han llevado a muchas personas a recurrir al mercado negro, lo que alimenta un sistema corrupto y perpetúa la exclusión social.
Deep dives
La importancia del empadronamiento
Empadronarse en un municipio es fundamental para acceder a servicios básicos como la asistencia sanitaria, el DNI y el derecho al voto. Sin embargo, este proceso se complica para personas con situaciones de vivienda inestables, como aquellos en alquiler informal o sin hogar. Las entidades sociales han desempeñado un papel crucial al facilitar el empadronamiento colectivo, que permite a las personas registrarse en las sedes de estas organizaciones. Sin embargo, muchos ayuntamientos están restringiendo este sistema, lo que ha aumentado las dificultades para acceder a derechos básicos para las personas más vulnerables.
Barreras burocráticas para migrantes
Las barreras burocráticas afectan de manera desproporcionada a los migrantes y a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, complicando el proceso de empadronamiento. A pesar de que la ley establece el empadronamiento como un derecho, muchos se enfrentan a requisitos que parecen diseñados para excluir, como la necesidad de demostrar un domicilio fijo. Ejemplos como Sedrak, que llegó a España sin documentos, ilustran cómo las organizaciones ayudan a las personas a superar estos obstáculos, aunque la eliminación de opciones como el empadronamiento colectivo ha llevado a un aumento de la marginalización. Esto se traduce en un ciclo de exclusión que perpetúa las dificultades para conseguir la nacionalidad y otros derechos.
El impacto del mercado negro
La exclusión del empadronamiento ha llevado a algunas personas a recurrir al mercado negro, donde compran citas o servicios para obtener su registro. Esto no solo vulnera sus derechos, sino que también contribuye a un sistema corrupto en el que las mafias prosperan debido a la incapacidad de los ayuntamientos para facilitar un proceso de empadronamiento accesible. La presión para cumplir con los requisitos legales empuja a las personas a recurrir a situaciones de fraude, lo que a su vez alimenta la narrativa de que existe un problema de fraude en el padrón. En última instancia, las complicaciones y el miedo a no cumplir con el empadronamiento pueden llevar a que más personas terminen en situaciones de calle o exclusión social.
Empadronarse, es decir, constar ante la administración como vecino de un municipio es una obligación y un derecho. Hacerlo permite solicitar el DNI, renovar el carné de conducir o acceder a ayudas sociales o a asistencia sanitaria. También votar. La teoría es que es algo sencillo de hacer. El problema llega cuando tienes un alquiler informal, resides en una infravivienda o ni siquiera tienes casa.
En esos casos, entidades sociales como Coordinarora Obrim Fronteres, Stop Sida o la Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, ayudaban a hacerlo a través de sistemas como el empadronamiento colectivo. Algo que ahora muchos ayuntamientos están dificultando y que lleva a que algunos opten por comprarlo.