Elena Herrera, periodista especializada en tribunales, Aitor Riveiro, que cubre el Senado, y José Enrique Monrosi, analista político, desmenuzan la reciente reforma que permite a los presos de ETA consolidar su tiempo de condena en el extranjero. Discuten la polémica generada, las reacciones del Partido Popular y el PSOE, y las críticas de las víctimas. También analizan las maniobras de Bildu y sus intentos de distanciarse de su pasado, y cómo estas decisiones afectan la memoria histórica en España.
La reforma legal aprobada permite que los presos de ETA convaliden tiempo de cárcel en Europa, lo que favorecerá su liberación anticipada.
El escándalo político generado por el apoyo del PP y Vox a la reforma evidencia errores de comunicación y falta de claridad en la política penitenciaria.
Deep dives
La reforma legal y sus implicaciones
Una reforma legal recientemente aprobada permite que los presos en España sumen el tiempo de cárcel cumplido en otros países de la Unión Europea, lo que podría permitir la liberación anticipada de unos 40 presos de ETA. Esta modificación fue votada a favor por unanimidad en el Congreso, lo que sorprendió a muchos, especialmente considerando que incluye también el apoyo de partidos de derecha. Aunque la reforma no reduce las penas directamente, sí facilita que ciertos individuos cumplan penas más cortas, al sumar tiempo de condena de países que anteriormente no se contaba. Este aspecto ha aumentado la controversia, desatando críticas sobre los motivos detrás del apoyo a la reforma por parte de algunos partidos políticos, incluidos los errores comunicativos que ocurrieron durante su tramitación, señalando la falta de atención a detalles importantes en el proceso legislativo.
Errores de gestión y consecuencias políticas
El Partido Popular y Vox han enfrentado un gran escándalo por su voto a favor de la reforma, que se percibió como un grave error político. Las declaraciones de los líderes del PP indicando que no se dieron cuenta de las implicaciones de su apoyo han llevado a acusaciones de incompetencia, considerando la cantidad de personal y recursos disponibles para evaluar tales decisiones. Este desliz no solo ha puesto en duda la capacidad de los partidos de oposición para gestionar situaciones complejas, sino que también ha generado un efecto negativo en su imagen pública, especialmente entre las familias de las víctimas del terrorismo. La incapacidad del PP para capitalizar este error y utilizarlo en su ventaja política ha revelado la confusión y la fragilidad dentro de sus filas, complicando aún más su posición frente al gobierno.
La opacidad en las negociaciones políticas
Las negociaciones que llevaron a la aprobación de la reforma han estado marcadas por la opacidad, ya que se trata de un acuerdo político de larga data entre el Partido Socialista y Bildu sobre la política penitenciaria de los presos de ETA. Esta reforma no se presentó como un simple trámite administrativo, sino que es el resultado de negociaciones políticas significativas y no siempre claras, que se han desarrollado durante años. A pesar de la complejidad del tema, la falta de comunicación clara por parte del gobierno respecto a sus acuerdos con Bildu ha alimentado la percepción de secretismo y desconfianza. La situación ha puesto de relieve la necesidad de mayor transparencia en la política española, especialmente en casos que afectan directamente a la memoria histórica y la justicia para las víctimas del terrorismo.
Hace una semana todos los grupos parlamentarios votaron en el Congreso, y sin mayor controversia, a favor de una propuesta de SUMAR para que los presos de ETA puedan convalidar en España el tiempo en la cárcel que hayan pasado en otros países. Las víctimas del terrorismo denunciaron entonces lo que implicaba esta reforma: unos cuarenta etarras van a estar en prisión menos tiempo de lo previsto. Se desató entonces una batalla política que movió a Feijóo y a Abascal a pedir perdón a las víctimas y a decir que no se habían dado cuenta de lo que estaban realmente aprobando. El PSOE, por su parte, tampoco había explicado ni defendido las consecuencias de una medida que había pactado hace años con EH Bildu. El PP intenta ahora dar marcha atrás usando su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la Ley.
¿De verdad el PP no se dio cuenta de lo que estaba aprobando? ¿Por qué el PSOE no anunció la reforma? ¿Qué pinta Sumar en todo esto? Intentamos responder a estas preguntas con los periodistas de elDiario.es Elena Herrera, Aitor Riveiro y José Enrique Monrosi.
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