El fiscal general del Estado ante el Supremo: claves de un caso histórico
Jan 29, 2025
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José Manuel Romero, subdirector de política y experto en tribunales de EL PAÍS, analiza un caso histórico en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es acusado de filtraciones. Se exploran denuncias de fraude fiscal tras la venta de mascarillas en pandemia y la complicada regularización de Alberto González Amador. Además, se debate sobre las decisiones judiciales del caso y la influencia de los medios en la percepción pública, resaltando las implicaciones éticas y legales de las comunicaciones entre periodistas y autoridades.
La acusación de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado marca un precedente histórico en la democracia española.
El caso revela tensiones entre lo legal y lo ético, especialmente por el manejo político y mediático de la información implicada.
Deep dives
La imputación del fiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, se enfrenta a una acusación de revelación de secretos por presuntamente filtrar un correo electrónico que podría comprometer a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este caso es histórico ya que es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo en democracia. El correo en cuestión revela que González Amador admite haber cometido dos delitos fiscales y busca un acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena. La polémica radica también en el procedimiento del magistrado encargado del caso, quien tomó medidas excepcionales al requerir todos los dispositivos electrónicos del fiscal general para analizar posibles filtraciones de información sensible.
Las acusaciones de fraude fiscal
El caso se origina en las supuestas irregularidades fiscales de González Amador, quien ganó una suma extraordinaria durante la pandemia mediante la intermediación en un negocio de compra-venta de mascarillas. A pesar de declarar en su impuesto de sociedades gastos falsos para evitar pagar una multa significativa, finalmente reconoció el fraude ante la Agencia Tributaria. La situación se complicó al recibir una devolución de impuestos tras presentar una declaración errónea. Esto generó una crisis de confianza, intensificada por las afirmaciones de Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, quienes intentaron desmentir la situación alegando que González Amador no debía nada al fisco.
El papel de los medios y la ambigüedad legal
Se cuestiona la naturaleza del correo electrónico revelado y si era verdaderamente un secreto, dado que ya había sido objeto de discusión en varios medios antes de la reclamación formal del fiscal general. Testimonios de periodistas sugieren que la información circulaba ampliamente, lo que pone en duda la legitimidad de las acusaciones contra García Ortiz. Al mismo tiempo, el juez encargado del caso ha desestimado diligencias que podrían haber aclarado la situación, como la posibilidad de interrogar al propio González Amador. Este entorno de desinformación y manejo político de la noticia reitera la complejidad del caso, desdibujando las líneas entre lo legal y lo ético en una situación tan delicada.
Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado se sentará ante un juez como imputado. A Álvaro García Ortiz se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar, presuntamente, un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales. El procedimiento no ha estado exento de polémica, entre otras cosas, por la forma de instruir el caso de Ángel Hurtado, magistrado del Supremo que lo lleva.
