Meter a Petro en la Lista Clinton parece ser el primer paso de algo más grande...

La Lista Clinton, creada en 1995 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), nació para sancionar a personas y organizaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero, incluyendo en sus inicios a los capos colombianos del Cartel de Cali y del Norte del Valle. Con el tiempo, esta lista se ha ampliado para incluir a grupos armados, funcionarios corruptos y hasta presidentes, como Nicolás Maduro en 2017. Hoy, la noticia que sacude a Colombia es la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti, acusados por Washington de vínculos con el narcotráfico y con el régimen venezolano. Estar en la Lista Clinton implica sanciones severas como el congelamiento de activos, restricciones financieras y prohibición de viajes a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida —acompañada de una polémica foto filtrada que muestra a Petro con uniforme de preso— ha desatado un debate sobre si la lista se usa también como un instrumento político para influir en los gobiernos de la región, marcando un hecho sin precedentes: por primera vez, un presidente colombiano figura entre los sancionados.

Invitada: La profesora de ciencia política Sandra Borda

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