Ignacio Escolar, director de elDiario.es, se sumerge en un escándalo político español que involucra a la presidenta Ayuso y su pareja, acusados de fraude fiscal. Se revelan las complejidades de las filtraciones en el periodismo y el dilema del secreto profesional, resaltando cómo las falsedades pueden desafiar la ética del periodismo. Además, se discuten las tensiones entre la investigación judicial y la protección de informantes, subrayando la necesidad de proteger a quienes revelan corrupción.
Las filtraciones en el periodismo requieren un proceso de confianza y verificación para evitar la difusión de información errónea o manipulada.
La desigualdad en la investigación de filtraciones, como en el caso del fiscal general, genera un sentimiento de injusticia y cuestiona la integridad del proceso.
Deep dives
El impacto de las filtraciones en el periodismo
Las filtraciones son un aspecto crucial en el campo periodístico, ya que implican la divulgación de información confidencial que puede tener consecuencias legales y sociales. Sin embargo, las filtraciones no son simplemente el resultado de que alguien entregue información sin más; requieren un proceso donde el periodista debe establecer confianza con la fuente y validar la información antes de publicarla. Por ejemplo, se mencionan casos históricos como los correos de Blesa que llevaron a condenas importantes, resaltando la importancia del trabajo de verificación en el periodismo. Así, una filtración debe considerarse el comienzo de una investigación, no su conclusión, donde el contraste de datos es esencial para evitar la difusión de información errónea o manipulada.
Desigualdad en la investigación de filtraciones
Existen disparidades significativas en la forma en que se investigan las filtraciones en comparación con situaciones anteriores donde han surgido controversias similares. En el caso reciente donde se investiga al fiscal general del Estado por posibles filtraciones, se evidencia un enfoque desproporcionado en su contra, mientras que otros casos de filtraciones no han recibido la misma atención. Esta desigualdad genera un sentimiento de injusticia, ya que la misma conducta no es sancionada consistentemente en todos los sectores. La atención unilateral sobre un solo individuo contrasta con el hecho de que múltiples fuentes pudieron haber estado involucradas en la filtración original, lo que invita a cuestionar la integridad del proceso investigativo.
La protección de fuentes y la ética periodística
El derecho de los periodistas a proteger sus fuentes es un pilar esencial del periodismo democrático, lo que garantiza que quienes comparten información sensible puedan hacerlo sin miedo a represalias. No obstante, esta protección plantea dilemas éticos cuando las fuentes están implicadas en actividades ilegales, como la filtración de información confidencial. Durante deliberaciones judiciales, se observa que a menudo los periodistas se ven en la obligación de mantener el secreto de sus fuentes, incluso frente a procesos legales. Así, hay un debate sobre la necesidad de proteger no solo a los periodistas, sino también a aquellos que ayudan a exponer malprácticas, sugiriendo que deberían tener una mayor protección en lugar de enfrentar sanciones por revelar información que es de interés público.
La pareja de Ayuso comete fraude fiscal, de los beneficios irregulares de ese fraude también disfruta Ayuso y elDiario.es lo publica. La propia Ayuso dice que todo es mentira, que su novio es inocente y ella una víctima. Su jefe de gabinete dice que en realidad todo es una conspiración de Hacienda y que de hecho la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo para no llegar a juicio. Y a determinados medios les pasa parte de los correos como para demostrar esa teoría. Y ahí pasan dos cosas: la Fiscalía hace una nota de prensa para desmentirle: ellos no han ofrecido nada, fue el novio de Ayuso el que se ofreció a pactar. Y dos, que aparece en varios medios de comunicación el correo de la discordia: la confesión que había hecho dos meses antes la pareja de Ayuso y que demostraba que el fraude era cierto y que además Ayuso había mentido.
Con eso, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, activa una operación contra el fiscal general del Estado, al que acusa de haber filtrado todo. Y el Tribunal Supremo imputa como presunto filtrador al fiscal general del estado.
Un enorme lío institucional, político, jurídico, todo por una pregunta muy sencilla: ¿Quién fue el que filtró la información? Lo abordamos con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.
***
Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743
