Raquel Ejerique, analista que expone prácticas de troceamiento en la construcción de centros educativos en Madrid, revela cómo se eluden las licitaciones. Daniel Cela, periodista de elDiario.es, destapa la fragmentación de contratos en el sector sanitario de Andalucía, mostrando irregularidades preocupantes. Gonzalo Cortizo, analista enfocado en Galicia, detalla los favoritismos en la asignación de contratos menores. Juntos analizan cómo estas tácticas dañan la transparencia y afectan a los contribuyentes.
Trocear contratos públicos permite eludir controles legales y favorece la designación directa de empresas, comprometiendo la transparencia del gasto público.
Durante la pandemia, la urgencia supuesta en la contratación sanitaria evidenció un patrón de corrupción y mal uso de recursos públicos en varias comunidades.
Deep dives
La troceación de contratos públicos
Trocear contratos públicos implica dividir obras o adquisiciones en varios contratos menores para evadir los controles establecidos por la ley. Este método permite a las administraciones adjudicar proyectos sin necesidad de concursos públicos, favoreciendo la designación directa de empresas específicas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se han construido varios centros educativos utilizando este sistema, donde se hacen pagos fraccionados como si se tratara de obras distintas, cuando en realidad son parte de un mismo proyecto. Esto no solo elude la competencia entre empresas, sino que también compromete la responsabilidad y la transparencia del uso del dinero público.
Casos de corrupción en la contratación pública
Durante la pandemia, se han manifestado casos claros de corrupción relacionados con la contratación pública, particularmente en el ámbito sanitario. En Andalucía, por ejemplo, se han detectado miles de contratos fraccionados en fraude de ley, donde se eludieron los límites establecidos para contratos menores, alcanzando cifras millonarias. Auditores informaron que muchas de estas contrataciones se justificaron a través de una supuesta urgencia causadas por la crisis sanitaria, aunque los informes mostraron que tal urgencia no era válida en muchos de esos casos. Estos ejemplos revelan patrones sistemáticos para beneficiar a ciertas empresas a expensas de la legalidad y la eficiencia del gasto público.
La falta de fiscalización en contratos menores
La norma que permite la adjudicación de contratos menores sin un proceso de competencia puede dar lugar a abusos significativos en la contratación pública. En Galicia, se encontró que un proveedor había firmado 272 contratos menores, todos relacionados con la protección de marcas, favorecido por su cercanía a figuras de poder en la Junta. Esta práctica no solo plantea cuestiones de ética y transparencia, sino que también resulta en significativos sobrecostos, dado que se pierde la oportunidad de comparar ofertas y asegurar los mejores precios y servicios. Así, el sistema actual de adjudicación de contratos menores, más que proteger el interés público, puede facilitar el favoritismo y la corrupción dentro de las administraciones.
Durante la pandemia la gran mayoría de la población estuvo concentrada en sobrevivir, pero había otra gente intentando aprovechar para enriquecerse. Más allá de los grandes comisionistas, hay otros casos más sutiles. Con la inercia de la pandemia, algunas administraciones y algunas empresas nos estafaron el dinero público troceando contratos. ¿Qué es trocear contratos? Trocear contratos es camuflar como servicios diferentes lo que podría ser el mismo. Es un vicio político difícil de extirpar.
Con Raquel Ejerique, Daniel Cela y Gonzalo Cortizo analizamos tres casos que nos ayudan a entender esta práctica política en la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia.
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