Alberto Pozas, periodista especializado en tribunales de elDiario.es, profundiza en el uso de comisiones ilegales durante la pandemia. Analiza casos notorios como el de Luis Medina y Alberto Luceño, quienes fueron absueltos tras cobrar comisiones millonarias al Ayuntamiento de Madrid. Pozas también revela cómo la falta de regulaciones ha normalizado la corrupción en la compra de material sanitario y destaca otros escándalos, incluyendo a un hermano de una presidenta regional. La ética en tiempos de crisis es cuestionada y se plantean posibles reformas cruciales.
Durante la pandemia, algunos empresarios aprovecharon la crisis sanitaria para inflar precios y obtener comisiones ocultas millonarias, lo que generó un debate ético.
La falta de controles en las contrataciones de emergencia durante la pandemia expone la necesidad de reformar los procedimientos de contratación pública para evitar abusos en el futuro.
Deep dives
El abuso en la compra de material sanitario
Durante la pandemia, se evidenció un aprovechamiento inmoral en la adquisición de material sanitario, donde algunos empresarios se beneficiaron económicamente de la crisis. Un ejemplo destacado es el caso de Luis Medina y Alberto Luceño, quienes vendieron mascarillas al Ayuntamiento de Madrid a un precio exorbitante, obteniendo así comisiones que en su mayoría eran ocultas. Aunque el Ayuntamiento pagó más de 11 millones de euros, gran parte de esta cantidad fue destinada a sus comisiones personales, lo que despertó acusaciones de estafa. Sin embargo, la justicia dictó que no hubo delito, argumentando que estos comisionistas no estaban obligados a revelar que cobrarían comisiones por su intermediación.
Impunidad en los contratos de emergencia
Los contratos de emergencia durante la pandemia permitieron a algunos empresarios obtener beneficios significativos, llegando a más de 50 millones de euros en adjudicaciones públicas. Las contrataciones se realizaron sin los controles habituales, lo que favoreció la corrupción y la falta de transparencia. A pesar de las irregularidades en la calidad del material suministrado, como guantes y test defectuosos, las autoridades afirmaron no encontrar pruebas suficientes para procesar a los involucrados, exceptuando a aquellos en posiciones más visibles, como el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta situación resalta la necesidad de revisar los procedimientos de contratación pública para prevenir futuros abusos.
Futuras implicaciones de la falta de controles
La falta de supervisión en procesos de contratación de emergencia plantea preocupaciones sobre nuevas posibilidades de abuso si se repiten situaciones similares en el futuro. Sin controles adecuados, es probable que propuestas que incluyan comisiones desmesuradas se presenten nuevamente, poniendo en riesgo el uso del dinero público. Existe un debate sobre cómo establecer un marco legal que regule la actividad de los comisionistas y evite la inflacción de precios en contratos públicos. Este contexto subraya la dificultad de perseguir legalmente las comisiones que, aunque cuestionables, pueden no ser necesariamente ilegales.
¿Es ético aprovecharse de una situación de desesperación y tragedia colectiva para dar un pelotazo comercial o personal? En los peores momentos de la pandemia, en muchos ayuntamientos, comunidades, ministerios, aparecieron personajes bien relacionados, buscavidas disfrazados de intermediarios de productos sanitarios. Aprovecharon la falta de controles para disparar los precios de materiales básicos con lo que garantizarse comisiones valoradas en millones de euros. De momento, los tribunales no han visto delito de estafa y admiten que, en situaciones como aquella, la ley del mercado justifica los sobreprecios.
Con Alberto Pozas, periodista especializado en tribunales de elDiario.es, repasamos el caso de Luis Medina y Alberto Luceño, que acaban de ser absueltos de un delito de estafa por cobrar una comisión millonaria al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante las primeras semanas de la pandemia. Recordamos también la situación judicial de otros episodios mediáticos como la comisión del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o el caso Koldo, ambos también relacionados con la compra venta de material sanitario.
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