El Gobierno sigue huyendo hacia adelante en la crisis de sostenibilidad de la Seguridad Social y, a partir de 2027, pretende obligar a todos los abogados (así como a otros colectivos profesionales) a cotizar al sistema público de reparto en lugar de seguir permitiéndoles capitalizar su ahorro para la jubilación a través de sus mutualidades.
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Podcast de Juan Ramón Rallo