En España, la legislación actual no proporciona herramientas suficientemente ágiles y eficaces para enfrentar la okupación. El proceso legal para desalojar a los okupas puede ser largo y costoso, lo que desalienta a muchos propietarios a tomar acciones. Según el Ministerio del Interior, en 2022 se registraron casi 17.000 denuncias por okupación ilegal, lo que equivale a aproximadamente 46 denuncias diarias. Este número, que suelen dimensionarlo como que es un hecho residual, refleja la magnitud del problema y su impacto social.
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