Es increíble que la ley Bonilla, que ampliaría el periodo del gobernador de 2 a 5 años, haya llegado tan lejos. Es improbable que se consume, sin embargo, sigue viva. Viva sigue también la discusión jurídica sobre su carácter de reforma electoral.
A dos semanas de que Jaime Bonilla tome protesta como gobernador de Baja California, la ley sigue “extraviada”, por lo que no puede ser publicada y, en consecuencia, tampoco puede ser impugnada.
En lo político, implica una trampa, una “chicanada” en palabras del presidente: el proceso electoral del año que viene hay garantías de que el asunto llegue a una resolución antes, quedarían inmovilizadas todas las instituciones.
¿Ha sido equívoco el mensaje del presidente? ¿Qué pretende Bonilla? ¿De verdad cree que su trampa puede prosperar?