El Ministerio de Hacienda ha planteado una reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, que incrementaría los recursos y la cesión de impuestos a las comunidades. El anuncio ha reavivado la polémica por su contexto político y por la estimación de ERC de que Cataluña recibiría 4.700 millones más.
El esquema general se mantiene: una caja común que se reparte con la “población ajustada” como criterio principal, aunque con ajustes y con la eliminación de fondos del modelo actual. Se incorpora una cláusula de statu quo para que ninguna comunidad pierda en el arranque y se añaden mecanismos como un fondo climático de 1.000 millones y opciones ligadas al IVA para financiar competencias específicas.
La ordinalidad es el punto más controvertido: María Jesús Montero admite que no puede garantizarse para todos los territorios. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que una ordinalidad estricta choca con la solidaridad y que un sistema con mayor corresponsabilidad fiscal favorece más a las comunidades con mayor renta y recaudación.
En este episodio, Ana Fuentes presenta el análisis y la información de Laura Delle Femmine, periodista de Economía de EL PAÍS, y la catedrática Violeta Ruiz Almendral.
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