España es la primera democracia occidental con un fiscal general en activo condenado. Lo es porque el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Una mayoría de jueces ve probado que difundió datos privados de la pareja de Ayuso y le inhabilita por dos años. Es decir, tendrá que dejar el cargo. Mientras, el Gobierno —que ha intentado interferir en el juicio— ya prepara su relevo. Analizamos esta histórica condena con Joaquín Manso, director de EL MUNDO, Esteban Urreiztieta, subdirector y jefe de Investigación, y Ángela Martialay, redactora jefe de Tribunales
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