España es la primera democracia occidental con un
fiscal general en activo condenado. Lo es porque
el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de
revelación de secretos. Una mayoría de jueces ve probado que difundió
datos privados de la
pareja de Ayuso y le inhabilita por dos años. Es decir,
tendrá que dejar el cargo. Mientras, el Gobierno —que ha intentado interferir en el juicio— ya prepara su relevo. Analizamos esta histórica condena con
Joaquín Manso, director de
EL MUNDO,
Esteban Urreiztieta, subdirector y jefe de Investigación, y
Ángela Martialay, redactora jefe de Tribunales
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